En el contexto de una nueva conmemoración del Día Internacional de las y los Trabajadoras/es, las organizaciones firmantes convocamos a una reflexión sobre las problemáticas comunes que nos afectan y demandamos a las autoridades de nuestras instituciones, públicas y privadas, y al Estado la mejora de las condiciones en las que nos desempeñamos.
Desde mediados de la década del 2000, Chile ha experimentado un aumento significativo del número de estudiantes que acceden a la educación superior, hecho que ha implicado el aumento de carreras y matrículas en las universidades del país. En el contexto de un sistema universitario altamente privatizado y con un esquema de financiación orientado casi exclusivamente a la demanda —herencia de las reformas introducidas por la dictadura—, las instituciones de educación superior (IES) no solo se han diversificado, sino que también sufren diversos grados de precarización en relación con los recursos que poseen, incidiendo en la existencia de diversos tipos de dependencia laboral y de grandes disparidades en los ingresos a igual labor realizada.
Al mismo tiempo, la ampliación del acceso a la educación superior también se ha extendido a los estudios de postgrado, produciendo capital humano valioso y altamente calificado para realizar labores de docencia e investigación. No obstante, el desarrollo del mercado laboral no ha ido acorde, y en los últimos años los salarios reales de quienes se desempeñan en las IES han tendido a mantenerse o disminuir, junto con el predominio de vínculos laborales precarizados mediante el uso de convenios a honorarios, contratas anuales o a plazo fijo, o incluso trabajo ad honorem. El resultado son empleos cada vez más precarios e inestables, y de cada vez más difícil acceso para quienes no poseen redes y contactos en el ámbito académico.
De este forma, las/os trabajadoras/es del conocimiento y trabajadoras/es de las universidades públicas y privadas sufrimos la precarización de nuestras condiciones laborales en diversos planos, los que se resumen en problemas como la sobrecarga laboral, el bajo monto de los salarios, la disparidad de los niveles de las remuneraciones entre distintas instituciones o la indefensión para hacer valer nuestros derechos en el plano legal. Además de estos problemas generales, existen otros específicos que responden a la dependencia de las instituciones, ya sea privada o pública.
Las IES públicas, por una parte, están en crisis hace años debido al abandono que sufren de parte del Estado, en el contexto de un modelo de educación superior que no contempla el financiamiento basal que estas instituciones requieren. Mientras el modelo de financiamiento a la demanda mediante créditos y gratuidad no distingue entre el tipo de institución, se espera que las universidades públicas contribuyan a la sociedad y al desarrollo de los territorios en los que se encuentran insertos no sólo mediante la docencia, sino también mediante la investigación, la extensión, y la provisión de diversos bienes y servicios. La crisis resultante de la disparidad entre los ingresos y el rendimiento esperado se refleja especialmente en las condiciones laborales de las personas que trabajamos en las universidades públicas, donde la escasez de fondos para contratar personal y mantener la infraestructura se suma a la inestabilidad y precariedad de quienes trabajan a honorarios, tanto en docencia e investigación como en múltiples labores de apoyo a la actividad académica. En muchos casos, esta precariedad se ve acentuada por las complejidades inherentes al funcionamiento de la administración pública, donde el exceso de burocracia muchas veces retrasa los procesos de contratación y ocasiona desfases importantes entre la realización de una labor y su remuneración. La educación superior de carácter privado, por otra parte, ha experimentado un crecimiento en diferentes magnitudes, resultando en la coexistencia de instituciones con perfiles, proyectos y presupuestos de muy distinto alcance, y algunas de ellas con un precario equilibrio económico. En el contexto del aumento de la oferta de educación superior, las IES privadas se han consolidado como uno de los principales ámbitos de desempeño laboral para las/os trabajadoras/es del conocimiento y la investigación. No obstante, frecuentemente se trata de contrataciones por hora en modalidad a plazo fijo o a honorarios, con amplias disparidades en el monto y frecuencia de los pagos, por ejemplo por las labores de docencia. Al mismo tiempo, existen pocas instancias de fiscalización a las condiciones de trabajo y las circunstancias en que se ofrece la educación privada, posibilitando prácticas arbitrarias, poco transparentes y que poco contribuyen a la consolidación de un proyecto profesional y académico. Por ejemplo, es habitual el pago de incentivos a las/os académicas/os por la publicación de papers con primera afiliación, lo que les permite a las universidades privadas cumplir con los estándares de calidad solicitados para la acreditación de las carreras, pero sin entregar fondos para realizar investigación.
En este contexto, exigimos que las remuneraciones reflejen las labores efectivamente realizadas, considerando, por ejemplo, las horas no lectivas (preparación de clases, corrección de trabajos, gestión, etc.) en el caso de la docencia y la totalidad del tiempo dedicado a actividades de investigación, en el caso de quienes se desempeñan en este ámbito. De la misma forma, demandamos el resguardo de las condiciones laborales mínimas, tales como el pago oportuno por las labores realizadas, que en el caso de las/os trabajadoras/as a honorarios frecuentemente se realiza de forma irregular y a destiempo, generando lagunas en las remuneraciones que deben ser suplidas con fondos personales y préstamos.
Sin duda, la precarización del empleo en las áreas que comentamos afecta especialmente a las mujeres. Es imprescindible generar las condiciones para que puedan suplir las tareas de cuidado, tales como el acceso a sala cuna, más allá del tipo de contratación, pues muchas trabajadoras del conocimiento y de IES que trabajan a honorarios no tienen asegurado su acceso, ya que la ley no se los garantiza. Además, muchas mujeres experimentan distintos tipos de violencias de género en sus espacios laborales, que frecuentemente significan la pérdida del empleo para las afectadas en caso de realizar una denuncia, ya que su condición contractual —ya sea a contrata, a plazo fijo o a honorarios— no resguarda su continuidad laboral.
Considerando que nuestro principal empleador son las universidades, demandamos que se propicien mayores incentivos para que las instituciones de educación superior ofrezcan condiciones de empleo dignas a todas/os sus trabajadoras/es. Por una parte, por medio de normativas que permitan aumentar la proporción de trabajadoras/es, docentes e investigadoras/es contratadas/os por carrera, por ejemplo, estipulando un porcentaje mínimo de contratación de planta docente en la reglamentación de pre y postgrado de la CNA, y no solo la plana directiva. Y en las universidades estatales, mediante el cumplimiento del proceso de traspaso de honorarios a contrata mandatado por la Contraloría General de la República.
En línea con lo anterior, es necesario incluir en la reglamentación de la CNA para la acreditación de carreras articulos que permitan implementar medidas tendientes a evitar la sobrecarga laboral de quienes se desempeñan en empleos de docencia para las carreras de pregrado, por ejemplo, estipulando un máximo de estudiantes por docente en cátedras o talleres. Tal mejora en las condiciones laborales de quienes imparten docencia en las universidades permitiría también mejorar los procesos de aprendizaje de las y los estudiantes. Aspiramos a que las/os trabajadoras/es del conocimiento y la investigación y trabajadoras/es a honorarios de IES podamos contar con condiciones laborales dignas y salarios dignos, equivalentes a quienes realizan las mismas labores pero con condiciones contractuales y salarios distintos, muchas veces en una misma institución, determinando que nos encontremos en un estatus laboral distinto y desmejorado.
Por último, consideramos necesario la promoción de políticas públicas que permitan la inserción de las y los trabajadoras/es del conocimiento y la investigación en espacios académicos y no académicos, con tal de mejorar sus condiciones laborales, brindándoles el valor necesario para alcanzar estándares tan mínimos como un empleo digno y estable, dejando atrás la inestabilidad y la precarización.
Asociación Nacional de Investigadoras/es en Postgrado (ANIP)
Sindicato de Trabajadoras/es a Honorarios de la Universidad de CHILE (SITRAHUCH)
Sindicato de Trabajadoras/es a Honorarios de la Universidad del Bío-Bío (SITRAHUBB)
Agrupación de Trabajadorxs a Honorarios del Pedagógico (ATHP)
Asociación Red de Investigadoras (REDI)
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