Enemigos de lo público

La UDI ha adelantado a El Mercurio que prepara una verdadera “contrarreforma” en materia de educación pública. Como informó el 21 de abril, ese partido ya ha comenzado a articular a la derecha para desmontar las principales políticas de fortalecimiento de la educación pública que logró avanzar el gobierno de Michelle Bachelet.

El plan declarado de la UDI tiene como blanco central la desmunicipalización, por la vía de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y el Sistema de Admisión Escolar (SEA). Ambas políticas son piezas claves para reconocer el estatus de política de Estado al Sistema de Educación Pública. La arremetida de la UDI se respalda en soporte del think tank Acción Educar, espacio que ha actuado como apoyo externo a los ministros de Educación de los gobiernos de Sebastián Piñera. Pero el análisis técnico de esa institución oculta el verdadero interés de la derecha, que es fundamentalmente ideológico.

En 2017 se promulgó la Ley 21.040 que diseñó el traspaso de establecimientos municipalizados durante la dictadura a los nuevos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). El objetivo fue crear un ente con capacidades administrativas, financieras y pedagógicas, vinculado con las comunidades locales. A la vez se debían entregar atribuciones a una nueva Dirección de Educación Pública (DEP) que pudiera diseñar un acompañamiento nacional de este proceso. Esta fase del proceso está incompleta.

Asimetrías comunales

¿Por qué se decidió desmunicipalizar la educación? Principalmente por la catastrófica gestión que han hecho muchos municipios en este campo. Ello se debe a dos factores: en primer lugar, las enormes asimetrías presupuestarias entre municipios. Basta recorrer Vitacura, Las Condes o Lo Barnechea para darse cuenta del sobre financiamiento de estas comunas. A pesar de los enormes desfalcos que se investigan en la gestión de alcaldes como Raúl Torrealba, Daniela Peñaloza o Felipe Guevara. Lo que contrasta con municipios quebrados, que no han podido administrar el sistema por carecer de recursos, tener una escala demográfica muy pequeña o simplemente por la dificultad de contratar gestores de calidad.

En segundo lugar, la municipalización permitió que muchos alcaldes administraran de forma discrecional y despótica el sistema educativo municipal. Para eso se refugiaron en la figura de las corporaciones municipales de educación, lo que les ayudó a aminorar muchas restricciones de la Contraloría General de la República. Basta recordar el caso de la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga. La fiscal que lleva adelante la investigación en su contra reveló en enero de este año que la Corporación Municipal de Educación de Maipú (Codeduc) adquirió desde 2018 un conjunto de mochilas y kits escolares con el logo de su gestión por un valor aproximado de $124 millones y $21 millones, respectivamente. Ese dinero correspondía al Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), y habría sido desviado a colegios particulares.

Este ejemplo demuestra que la verdadera causa del debilitamiento de la educación pública chilena es que se arraigó en un modelo municipal fragmentado, basado en la arbitrariedad, la discrecionalidad y la irresponsabilidad de autoridades edilicias que dañaron (...)